Las democracias modernas están basadas (o lo estaban hasta hace poco) en el axioma “una misma ley para todos”, lo que se tradujo en el conocido slogan “todos somos iguales ante la ley” que, bien mirado, no es exactamente lo mismo. En su origen, allá hacia fines del Siglo de las Luces, esta manera de concebir el ordenamiento social significó una ruptura radical  con el modelo de sociedad estamental del Antiguo Régimen, modelo que consistía en una forma de organizar a los diferentes grupos sociales basándose en diferencias jurídicas, lo que comportaba una desigualdad social entre los miembros de los distintos grupos o estamentos.

El término sociedad estamental designa un tipo de organización social basada en la desigualdad de condiciones, sancionada por el sistema jurídico, en el que las personas permanecen adscritas a diferentes estamentos relativamente inflexibles, independientemente de las acciones, cualidades o logros de los individuos. En pocas palabras, a cada persona le corresponden sus propias reglas, conocidas entonces como privilegios, según las peculiaridades del grupo humano al que pertenece.

Ese ordenamiento jurídico resultaba incompatible con las nuevas ideas en las que la persona humana, en tanto que individuo, es apreciada como un ser autónomo, abstracción hecha de cualquier forma de colectividad particular, y que forma parte, de manera anónima, del conjunto de la sociedad. Dentro de esta concepción moderna, la persona humana encuentra identificados “su ser con su pensar, su libertad con su capacidad de escoger, su identidad con aquello que él hace y no con lo que es”. En efecto, el concepto de individuo “remite fundamentalmente al ser autónomo, que encuentra su justificación en sí mismo y que se constituye en torno a un conjunto de derechos a ejercer, deberes que cumplir, necesidades a satisfacer, impuestos que pagar”. De ahí la necesidad de que una misma ley rigiera para todos.

Conseguir que una misma ley rija para todos no fue algo sencillo en un mundo en el que todos habían sido tradicionalmente sólo algunos. Los siglos XIX y XX han sido testigos de las luchas y esfuerzo para lograr la inclusión del resto dentro de ese todo que debía estar regido por una misma ley. Es por eso que resulta paradójico que a estas aturas se pretenda desandar el camino andado, proponiendo volver a los tiempos en que era concebible confundir a todos con algunos.

Las cuotas electorales

Esto se viene dando con la llamada discriminación positiva y particularmente con las cuotas de género electorales que no hacen otra cosa que violar el axioma referido al confundir el postulado con su slogan. En efecto, los hechos - según algunos - parecerían demostrar que a pesar de la ley, no todos somos “iguales ante la ley” y en consecuencia – concluyen - hay que modificar la ley a fin de conseguir esa igualdad, quite a  proponer leyes que no rijan para todos. Dado que la discriminación propuesta encuentra su fundamento en la aducida sub-representación de una determinada colectividad en el parlamento, era de esperar que otras colectividades que se perciben a sí mismas igualmente sub-representadas, reclamasen para sí el mismo tipo de discriminación. Y esto en efecto se ha dado en el proyecto de legislación electoral que el JNE ha sometido al congreso, en el que aparte de la cuota de género se prevé también cuotas para los menores de 29 años y para los denominados pueblos originarios para las elecciones locales.

¿Qué sigue? Porque habría que ser bien iluso para creer que con eso se acabaron las colectividades que reclaman se les discrimine para no sentirse discriminados. A ver, se me ocurre que podríamos tener dentro de poco a los homosexuales - que últimamente se ha convertido en un colectivo particularmente chillón - reclamando su propia cuota, que imagino no ha de ser de género. Otro colectivo que también está de moda es este de los discapacitados - antes llamados minusválidos hasta que a algún justiciero se le ocurrió que por ahí olía a discriminación por aquello de minus, dizque discapacitado no discrimina a pesar del dis - de modo que no sería nada extraño que dentro de poco los veamos reclamando su cuota, después de todo ya hasta discurso electoral propio tienen, a más de público objetivo ídem. Sin ir muy lejos, en las últimas elecciones algunos me sugirieron nada sutilmente que utilizara ese discurso para ganar votos, o sea que ya me daban por inscrito en el colectivo, así de oficio nomás. Siempre dentro de la misma tónica, tampoco se puede olvidar a los “afrodescendientes”, rebuscado neologismo políticamente correcto acorde con esta época de exacerbadas sensibilidades. Y ya por ese camino sólo faltaría que los cremas también reclamen su cuota. En fin, las perspectivas son múltiples.

Para sofisticar el panorama, al Ejecutivo no se le ha ocurrido mejor idea - que en esta perspectiva resulta tanto mejor cuanto que la iniciativa ya venía en el proyecto del JNE - que proponer la alternancia de género en las listas de candidatos. ¡Y claro! Como a iguales males, los mismos remedios, ya pronto estaremos viendo alternancias también entre las otras  cuotas

Imaginando una lista

Así las cosas, resulta imposible resistir a la tentación de imaginar el cómo han de elaborarse las futuras listas de candidatos. Si hasta ahora aquello se había caracterizado principalmente por aparecer como un zafarrancho vergonzoso, lo que nos vienen cocinando no va a parar hasta el delirio.

Para comenzar, ¿quién habrá de ir primero en la alternancia? ¿mujer, hombre? En principio las damas van por delante. A condición, claro, de que aun existan caballeros, cosa que queda por demostrar, particularmente entre candidatos. Pero bueno dado que, también particularmente dentro del mismo rubro, las damas son igualmente una especie en peligro de extinción, concedamos la cortesía del primer lugar aunque sólo sea para este ejemplo.

Ok, una mujer va primero en la lista. Pero ¿cuál mujer? O sea, ¿una mujer sacada de cuál de los colectivos con derecho a cuota? ¿Habrá de ser una de la minoría joven o una vieja nomás? ¿Una de pueblo originario o de pueblo derivado? Porque, ¡obvio! los que no son originarios han de ser derivados, ¿no? ¡no queda otra! ¿o bien le tocará a una lesbiana, una discapacitada o una afrodescendiente? ¿Y qué hay de quienes se encuentran en más de un colectivo? O sea, por ejemplo, una joven de pueblo originario, que adicionalmente también podría ser lesbiana y discapacitada ¿vale alegar discriminación acumulada para ganar preferencia? ¡Vaya que se complica la cosa!

Pero bueno, digamos que para el ejemplo vaya en primer lugar una mujer a secas, porque a mojadas no vaya a sonar machista y porque además como minoría llegaron primero a la vaina esta de las cuotas. Enseguida le va a tocar al primer candidato hombre, que este sí que de ninguna manera será a secas porque esos son los que no pertenecen a ninguna minoría discriminada sino, por el contrario, a la mayoría oprobiosa y discriminante. Y ahí es donde las otras minorías masculinas se van a agarrar a palos para ocupar el sitio preferencial, a menos que se la rijan a la yan-ken-po. La misma vaina se va a repetir al rato cuando toque elegir a la segunda mujer en la lista, momento en que los peluqueros se van a frotar las manos dada la jaladera de mechas que se avecina. A menos que se establezca previamente que, por ejemplo, las minorías más menores van por delante.

Y así sucesivamente para los puestos siguientes hasta que las minorías hayan saciado cuota y sed de representación en la lista, momento en el que recién le tocará su turno al ciudadano que no goza de ninguno de estos privilegios, que no por modernos dejan de ser estamentales como los de antaño.

Sin voto preferencial

Adicionalmente, el proyecto de ley prevé la eliminación del voto preferencial porque para eso está – dicen - la democracia interna. O sea que la designación de candidatos habrá de hacerse obligatoriamente mediante elecciones primarias. ¡Perfecto! ¿pero cómo habrán de ser esas elecciones internas? ¿el militante podrá votar realmente por quien le dé la gana? O habrá que respetar el menjunje este de la alternancia de cuotas también al votar. Porque una cosa es que la lista deba ser conformada de acuerdo a esa alternancia y otra muy distinta es que uno deba renunciar a sus preferencias - que de eso se trata – en aras de la alternancia.

Al margen del desfachatado contrabando que significa el sustituir al militante en el ciudadano, reservándole a ese el derecho inalienable que sólo le pertenece éste, el resultado final será que nos veremos obligados a votar - porque el voto obligatorio se mantiene - por alguna de esas listas armadas a lo frankenstein, en unas elecciones en las que la capacidad de elegir queda reducida a su mínima expresión y en las que la voluntad del ciudadano importa un pepino.

Si así van a ser las cosas, si al final el ciudadano no va poder elegir nada, convendría mejor adoptar la idea de Stuart Mill, que ya en el siglo XIX, frente a la arremetida partidocrática  proponía “¿es entonces la representación de los partidos todo aquello que podemos reclamar a nuestro sistema proporcional? Si es así, entonces plantemos tres banderas con las palabras Tory, Whig y Radical inscritas en ellas y dejemos que los electores elijan entre esas tres banderas y cuando el voto haya terminado, que los líderes de los partidos ganadores seleccionen las personas que irán a representarlos”.

Al menos un sistema como este tendría la reconfortante ventaja de ahorrarnos el desopilante espectáculo que no dejará de ser el armado de esas listas frankenstein.