El pasado 25 de tiembre, Guinea Ecuatorial demandó a Francia ante la CIJ, por violación del principio de no-intervención, el de soberanía y el de inmunidad. En la demanda pide a la Corte que ordene a París la anulación de las investigaciones penales por supuesto desvío de fondos públicos, abiertas contra el presidente guineano, Teodoro Obiang Nguema, y contra su hijo el segundo vicepresidente y ministro de agricultura, Teodoro Nguema Obiang, alias Teodorín. Por vía de medidas cautelares, se demanda también la restitución de bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la República de Guinea Ecuatorial requisados por la justicia francesa.

La justicia francesa abrió el caso contra los Obiang en 2010 después de que la Organización Transparencia Internacional denunciara la supuesta adquisición fraudulenta de bienes galos. El dinero para los pagos habría sido usurpado en la propia Guinea Ecuatorial. En julio pasado se expidió una orden de arresto contra Teodorín luego de una espectacular intervención, en febrero último, en su lujosa residencia parisina valuada en 500 millones de euros donde fueron embargados unos 200 m3 entre muebles y objetos de valor, además de dos Bugatti Veyron, un Ferrari Enzo, un Ferrari 599 GTO, un Maserati MC12, un Porsche Carrera GT y un Rolls-Royce descapotable. Teodorín los tenía guardados en el garaje de su casa, a unos metros del Arco del Triunfo.

Teodoro Obiang es presidente de su país desde el golpe de estado de 1979, habiéndose hecho reelegir varias veces a lo largo de esos 33 años, con los habituales porcentajes siderales de votación típicos de las dictaduras. La Guinea Ecuatorial es uno de los países más ricos del África gracias a sus reservas petroleras, que han enriquecido principalmente a la familia Obiang.

Dos camiones fueron necesarios para transportar el autódromo de Teodorín.

La demanda

“La República de Guinea Ecuatorial ha apelado a la más alta jurisdicción mundial a fin de prohibir a Francia toda injerencia en los asuntos de Guinea Ecuatorial y obligarla a detener todas las acciones judiciales y las investigaciones en contra de sus más altos dignatarios” habría declarado el abogado Olivier de Metzner a la Agencia France Press.

Siempre según esta agencia, que habría tenido acceso a la demanda, la GE acusa a París de violar el principio de no-intervención, “atribuyéndose unilateralmente la competencia de iniciar acciones penales con el objeto de averiguar el uso que este Estado hace de sus propios fondos”. Al actuar así, Francia se estaría erigiendo en “juez del funcionamiento de otro Estado”, lo cual viola el principio de igualdad entre los Estados miembros de la ONU. Adicionalmente, Guinea afirma que París viola la inmunidad penal de sus dos más altos dignatarios así como los locales y bienes de su misión diplomática situados en el 42 de la Av. Foch. La mansión de Teodorín - que de ella se trata - habría sido convertida en misión diplomática en octubre del 2011, es decir meses antes del embargo, para lo cual las autoridades francesas habrían sido advertidas a tiempo según la demanda.

El abogado del demandante, el francés Olivier de Metzner, un reconocido especialista en derecho penal de negocios, agrega. “Los principios internacionales entienden que cada Estado posee una soberanía que nadie, ningún otro Estado puede inmiscuirse en esta soberanía y que existe igualdad entre Estados. Si se dejara pasar esto, querría decir que hoy en día cualquier país puede inmiscuirse en los asuntos de otro país”.

Francia mantiene reserva

Por el momento las autoridades francesas no se han manifestado. Francia abandonó la jurisdicción de la Corte hace ya algunos años luego de las demandas que recibiera por el asunto de los ensayos nucleares. En consecuencia, la Corte ha indicado que no se iniciará ningún procedimiento hasta que Francia no haya aceptado su competencia.

Consciente de esta ausencia de competencia, Guinea ha planteado la demanda a manera de desafío, contando con el “consentimiento que la República francesa no rehusará dar”, basándose en el artículo 38.5 del reglamento que prevé las pautas a seguir en casos similares.

Olivier de Metzner cuenta con ese consentimiento pues, afirma, “rehusar sería un desprecio a las autoridades internacionales… Francia financia parcialmente los gastos de funcionamiento de la Corte Internacional de Justicia. Si se negase a su jurisdicción, lo que Francia ha hecho excepcionalmente, se estaría violando el derecho internacional, las resoluciones de las Naciones Unidas y las Convenciones de Viena”

El desafío está, pues, lanzado. Pero mientras las autoridades francesas guardan silencio, entre las asociaciones que iniciaron en Francia las acciones contra los Obiang las expectativas no parecen ser las mismas. Para el abogado de Transparencia Internacional, la demanda ante la CIJ no es sino una “instrumentalización de la justicia”, y agrega “Si el derecho internacional establece la posibilidad de reconocer, en cada caso, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, es precisamente para evitar los intentos de aprovechar políticamente esta jurisdicción, como es el caso actual”.

Frente a estas declaraciones un tanto defensivas, contrasta el optimismo del abogado de la asociación anticorrupción Sherpa, “esta es una oportunidad para esclarecer la cuestión de las inmunidades de conveniencia, que se utilizan a menudo para escapar a una investigación, como en el presente caso. Para nosotros, esta es una oportunidad única para que la Corte Internacional de Justicia pueda resolver este problema y avanzar en la lucha contra este fenómeno de la corrupción a gran escala”

La oportunidad es única en efecto, pero no solo para Sherpa, un esclarecimiento de este tipo sobre las inmunidades de conveniencia no vendría nada mal por estos sudamericanos lares. ¿Recogerá Francia el guante?